He escuchado con cierto estupor a Elena Valenciano cómo, al ser preguntada en relación con la dimisión del senador Tomás Gómez, se refería a los términos del acuerdo alcanzado con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Y es que, según lo manifestado por la vicesecretaria socialista, el acuerdo ha sido posible porque se convino en que nadie vetaría ninguna de las personas propuestas por el otro. Es decir, que el sistema ha sido de reparto puro y duro: tantos para ti, tantos para mí y ponemos a quien nos de la gana a cada uno.

Vaya por delante que siempre he sido partidario de vincular los nombramientos de las personas que han de ocupar este tipo de cargo institucional con la representación parlamentaria que tiene, en definitiva, la legitimidad que otorga el voto popular.

Quede también constancia de que no pretendo entrar en la polémica suscitada por la reacción del secretario general del PSM. Si acaso diría que me ha recordado a esos delanteros que, según sienten el contacto con el defensa, se tiran como si los hubieran matado. Seguramente la falta existe pero tampoco necesita convertirse en Margarita Xirgú.

[quote]Un sistema de puro reparto de cuotas no residencia en el Parlamento las designaciones[/quote]Lo realmente preocupante para mí es convertir en reparto de un supuesto botín, lo que debe ser un proceso de análisis parlamentario sobre la idoneidad de personas que han de desempeñar funciones básicas, desde el punto de vista de la pureza democrática y del equilibrio de poderes.

Tengamos en cuenta que, en puridad, un sistema como éste no residencia en el Parlamento las designaciones, sino que da la capacidad de nombramiento a los partidos políticos o, más concretamente, a las élites que forman los aparatos de los partidos políticos, dejando a la representación parlamentaria el dudoso honor de validar esos nombramientos predefinidos a través de unas rápidas y muy cuestionables comparecencias (recuérdese el caso del Presidente del Constitucional).

Desde mi punto de vista, hay margen para que la representación parlamentaria se tome en serio su función y traslade a los ciudadanos el convencimiento de que los votos depositados en las urnas no son únicamente puros elementos matemáticos que manejan los aparatos de los partidos para la adopción de las decisiones, sino que suponen algo tan importante como es dotar de legitimidad democrática a los poderes del Estado.

Si realmente se quiere evitar la desafección de la ciudadanía con respecto a la política, no parece que el buen camino esté en acuerdos de puro reparto de cuotas por mucho que se aluda a la responsabilidad y al desbloqueo de las instituciones.

Exagerando la cuestión, diríamos que no parece de recibo el hecho de que se mire para otro lado y se vote sin recato a Jack el Destripador porque se acordado no vetar la propuesta del otro. Y, desde luego, en eso sí tiene razón Tomás Gómez.

Juan Santiago