No hay nada más clarificador que trasladar la realidad a números. Frente a la especulación, la manipulación, los sesgos ideológicos interesados y las verdades reveladas, la frialdad de los números es apabullante para el que quiera verlos.
No creemos que a estas alturas, se vaya a considerar a los Registradores de la Propiedad como una caterva de rojos empeñados en derribar gobiernos por métodos inconfesables, teniendo en cuenta que eso afectaría al propio presidente del Gobierno.
Si apuramos el concepto, nada hay, por principio, más conservador y más defensor del derecho a la propiedad que la figura de unos Registradores que se dedican fundamentalmente a inscribir la constitución y vicisitudes de ese derecho.
Y son ellos, a través de su corporación, de su Colegio Profesional, los que nos han puesto delante de los ojos los fríos números que describen la realidad en momentos de discusiones sobre galgos o podencos o sobre si se puede legislar para asegurar que la propiedad cumpla la función social que la Constitución le exige.
En 2012, casi treinta y nueve mil viviendas (38.976, exactamente) fueron adjudicadas en procedimiento de ejecución hipotecaria. Es decir, sus dueños perdieron la propiedad de su casa tras haberle reclamado el banco por impago de su hipoteca.
De esas casi treinta y nueve mil viviendas, el 77,06%, es decir, más de treinta mil (30.034), eran vivienda principal, no segunda vivienda o casa de vacaciones, sino domicilio habitual de la familia. Por tanto, se puede afirmar que más de treinta mil familias españolas perdieron su casa el año pasado.
De los datos proporcionados por el Colegio de Registradores no podemos deducir cuántas de esas familias han sido o serán en breve echadas de sus casas, entre otras cosas porque no se dispone de estadística oficial y el Gobierno ha retrasado hasta 2014 que el Instituto Nacional de Estadística ofrezca esos datos, pero podemos estimar que serán casi veintidós mil (21.942) si aplicamos a los treinta mil el porcentaje del 73,06% que, según la Asociación Hipotecaria Española (que son los propios bancos y, por tanto, nada sospechosos), suponen los procesos de ejecución hipotecaria tramitados en los tribunales que acabaron en desalojo o desposesión de la vivienda.
Esta es la magnitud del problema que revelan las cifras de manera descarnada. Ahora toca decidir qué vamos a hacer para que los niños desahuciados “no soporten la presión” que supone ver en la puerta de su casa a la comisión judicial que los va a echar a la calle.